
Este respaldo del pleno concejal, ha sido oficializado mediante el Acuerdo de Concejo N° 02-2010-MPC, a través del cual se indica que valiéndos de argumentos sin fundamento alguno, el Procurador ha formalizado la denuncia penal correspondiente, arguyendo que la demanda ciudadana por reivindicar su derecho la educación universitaria constituye una modalidad de extorsión, situación que descalificaría el proceder de las autoridades locales y de la población en general.
Señalan los miembros del colegiado edil, que en ejercicio de su función de representatividad política y social, han observado dentro del marco del Estado Social y Democrático del Derecho, el accionar de las autoridades locales, representantes de la sociedad civil debidamente organizada, representantes de gremios sindicales y demás organizaciones sociales de la provincia de Cañete, que durante los días 16 y 17 de diciembre de 2009, expresaron su más profunda indignación e incomprensión ante la actitud manifestada por el Poder Ejecutivo, de menoscabar el derecho a la educación universitaria de los hijos de esta noble provincia, argumentando una observación a la autógrafa del proyecto de Ley N° 02098/2007-GL, aprobado por unanimidad por el Pleno del Congreso de la República el pasado 19 de noviembre de 2009, que creaba la Universidad Nacional de Cañete.