@nbperú.- El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) declaró la nulidad de los procedimientos y títulos de propiedad rural sobre dos terrenos de 15 hectáreas cada uno, concedidos en la zona de Chilca, provincia limeña de Cañete.Dichos terrenos fueron otorgados a Oswaldo Chauca Navarro, Mery Rosa Campos, Juan Carlos Quiñones Sánchez, Ana María Salazar Olivares y Jorge Enrique Abanto Medina, en la zona de Chilca, provincia limeña de Cañete.
De acuerdo con dos resoluciones directorales que se publican hoy en el Diario Oficial El Peruano, que llevan la firma del director ejecutivo de Cofopri, el viceministro David Alfonso Ramos López, ha quedado demostrado que el procedimiento administrativo sobre dichos terrenos fue irregular, al haberse vulnerado diferentes actuaciones y etapas del procedimiento como la elaboración del diagnóstico físico-legal, cuya misión es corroborar la libre disponibilidad del área.
También, se señala, se vulneraron actuaciones en la inspección de campo y la publicación de la pretensión, que garantiza el derecho de los administrados permitiendo que aquellos que pudieran verse afectados puedan oponerse al procedimiento.
Asimismo, los documentos evidencian que las 30 hectáreas continúan en estado eriazo, habiéndose acreditado que no han sido habilitadas ni destinadas a la actividad agropecuaria, tal como lo solicita el Procedimiento de Formalización y Titulación de Tierras Eriazas Habilitadas e Incorporadas a la Actividad Agropecuaria.
“Administrativamente Cofopri está declarando la nulidad de todo lo que pasó en Chilca, esto va a correr traslado a Fiscalía, Contraloría General de la República, Registros Públicos y todas las dependencias que correspondan, para que por fin se declare la nulidad del acto jurídico con respecto a estos terrenos”, enfatizó el director ejecutivo interino de la institución, David Ramos López.
El funcionario detalló que entre las acciones implementadas está la evaluación de todo el personal y la presentación de declaraciones juradas, y conocer la existencia de procesos judiciales. “Implementamos una gestión absolutamente transparente y hemos habilitado en la página web un link donde la gente puede hacer sus denuncias.”
En otro momento, Ramos López pidió actuar con responsabilidad y no tomar interesadamente el nombre y la marca Cofopri como elemento asociado a presuntos actos de corrupción en transferencias irregulares de terrenos pertenecientes a las comunidades ubicadas en la Costa. “Hay gente interesada, acordémonos que estamos en año electoral.”
Precisó, en tal sentido, separar el ámbito urbano de las denuncias y quejas sobre los temas rurales.
“Las quejas sobre el ámbito urbano si las ha habido prácticamente no han sido de esa magnitud, ahí tenemos una experiencia de trabajo de 14 años. Es más, Cofopri urbano está asociado a un proyecto con el Banco Mundial, que financia un proyecto de titulación de predios urbanos que es ejemplar”, concluyó.
